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Libertad de Prensa : Asociación de Periodistas de Guatemala, la SIP y redes sociales repudiaron la detención de un usuario de Internet acusado de crear pánico financiero

[15/5/2009] La Comisión de Libertad de Expresión de la Asociación de Periodistas de Guatemala, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), usuarios de redes sociales en Internet y profesionales del Derecho rechazaron el arresto del internauta Jean Fernando Anleu Fernández por el delito de pánico financiero, al que calificaron como represión de la libertad de expresión por parte del Gobierno. La Fiscalía acusó a Anleu de haber publicado en un blog comentarios que desprestigian al Banco de Desarrollo Rural (Banrural). “Los comentarios instan a los usuarios a retirar su dinero, lo cual fue detectado por la Superintendencia de Bancos (SB)”, manifestó el fiscal Genaro Pacheco. Por ello, el Juzgado Séptimo de Instancia Penal le impuso fianza de 6 mil dólares, monto que no reunió, por lo que pasó la noche en prisión. El abogado Luis González afirmó: “El Gobierno evidentemente actúa para tratar de ocultar situaciones que vinculan al presidente Álvaro Colom con el asesinato de tres personas; meten miedo a la gente, los reprimen”. Información publicada en el diario Prensa Libre (Guatemala).



Prensa Libre (Guatemala).


Detención de Anleu Fernández causa indignación en sitio Twitter

Los usuarios de redes sociales en Internet y profesionales del Derecho rechazaron ayer la captura de Jean Fernando Anleu Fernández, que calificaron como represión de la libertad de expresión por parte del Gobierno.
El Juzgado Séptimo de Instancia Penal ligó a proceso a Anleu por el delito de pánico financiero, y le impuso fianza de Q50 mil, monto que no reunió, por lo que pasó la noche en prisión.
Minutos después de la captura de Anleu, efectuada a las 7.15 horas en su casa —12 avenida 40-20, zona 8—, cientos de twitteros expresaron su indignación, la cual se propagó en otros sitios en Internet.
Los mensajes señalan que la Constitución garantiza la libertad de expresión. Uno decía: “En Guatemala puedes ser arrestado por lo que dices, pero no por asesinato”.
Otro comentario manifestaba que Anleu, como muchos otros usuarios, había expresado su opinión respecto de la situación que se vive en el país.
El abogado Luis González afirmó: “El Gobierno evidentemente actúa para tratar de ocultar situaciones que vinculan al presidente Álvaro Colom con el asesinato de tres personas; meten miedo a la gente; los reprimen”.
Abogados litigantes y otros grupos sociales expresaron su indignación por cómo la denuncia de Rosenberg no afectó, hasta ahora, a los sindicados, sino que la primera captura es contra alguien que opinó en Internet.
La mayoría coincidió en afirmar: “El clamor en el país es por justicia, y no por impunidad”.
“Guatemala es sinónimo de impunidad”, “este hecho ratifica lo mal que estamos”, “la justicia está comprada”, se leía e varios mensajes en otras páginas electrónicas.
La Sociedad Interamericana de Prensa y la Comisión de Libertad de Expresión de la Asociación de Periodistas de Guatemala se sumaron a las voces en favor del respeto de ese derecho.
El Centro de Defensa de la Constitución dijo que hará un análisis sobre la posible inconstitucionalidad en aplicar el delito financiero por una opinión.

Militares tienen otro trato

El Juzgado Séptimo de Instancia Penal ligó a proceso a Anleu, por el delito de pánico financiero, y lo benefició con arresto domiciliario si pagaba una fianza de Q50 mil, monto que no reunió, por lo que pasó la noche en el Centro Preventivo para Hombres de la zona 18.
Si Anleu consigue reunir el dinero, debe firmar el libro de asistencia cada mes, en la Fiscalía, y tiene prohibido salir del país.
En los corredores de la Torre de Tribunales se escucharon comentarios que comparaban que a Anleu se le obligara a pagar una fianza mientras que a militares acusados por desfalcos multimillonarios están libres, sin multas.
Anoche se ofrecían donaciones de personas en Chile, España y Francia, las cuales depositarán por medio de remesas. Otros twitteros promocionan la cuenta del Banco GyT 39-4478-4.

Imputaciones

La Fiscalía acusó a Anleu de haber publicado en un blog comentarios que desprestigian al Banco de Desarrollo Rural (Banrural).
“Los comentarios instan a los usuarios a retirar su dinero, lo cual fue detectado por la Superintendencia de Bancos (SB)”, manifestó el fiscal Genaro Pacheco.
El fiscal entregó al juez Adrián Rodríguez un informe de la SB, en el cual se dice que fueron retirados Q525 millones, y creen que fue por señalamientos de corrupción.

“Hubo daño a banco”

Édgar Barquín, superintendente de Bancos, informó que presentaron la denuncia contra Anleu porque en los mensajes que envía incita al engaño e incluye información falsa.
Añadió: “Son dos denuncias; una de ellas ya tuvo sus resultados... Todos pueden tener sus blogs o páginas web, pero si en ellas se incita a afectar a una entidad financiera, se comete delito de pánico financiero”.

SIMPLES ARRESTOS

Los juzgados penales han dictado simples arrestos domiciliarios, sin necesidad de pagar nada a ex funcionarios y militares sindicados de desfalcos multimillonarios.
• El juez Nery Medina favoreció el 27 de marzo último con un arresto domiciliario a Enrique Ríos Sosa, Adolfo Catalán Muñoz y Miguel Ángel Salguero Torres. Dos días después fueron beneficiados otros dos militares. Todos están ligados a proceso, por peculado y falsedad ideológica en forma continuada.
• El 7 y 11 de mayo últimos, la justicia le sonrió de la misma forma a Moisés Galindo y a Luis Estrada, y el 29 de diciembre del 2008 recobró su libertad, sin fianza, Manuel Maza, ex ministro de Finanzas.

Legislación

¿QUÉ DICE LA LEY?

El artículo 342 “B” del Código Penal reza: “Comete delito de pánico financiero quien elabore, divulgue o reproduzca por cualquier medio o sistema de comunicación, información falsa o inexacta que menoscabe la confianza de clientes, usuarios depositantes o inversionistas...”.
La Constitución en su artículo 35 establece: “No constituye delito o falta las publicaciones que contengan denuncias, críticas o imputaciones contra funcionarios o empleados públicos por actos efectuados en ejercicio de su cargo...”
El artículo 5 de la Carta Magna establece que nadie podrá ser perseguido o molestado por su opinión.

http://www.prensalibre.com/pl/2009/mayo/15/314356.html



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