Por Eduardo Zukernik.-

Tres países de América latina coinciden por estos días en ser escenarios de inminentes cambios en el mapa de medios y además, en cada uno de ellos se produjeron o están próximos a producirse procesos electorales que pueden generar una nueva relación entre el poder y la prensa.

En efecto en Chile se está definiendo la venta del canal Chilevisión, propiedad del presidente Sebastián Piñera, que asumió el gobierno en marzo pasado.

En Colombia quedó establecida la fecha del próximo 23 de julio para la adjudicación al nuevo concesionario de la demorada tercera cadena de televisión gratuita, en medio del recambio presidencial con la finalización del mandato de Álvaro Uribe y, en Argentina, a un año de las presidenciales, con el trasfondo del debate jurídico por la controvertida ley de medios audiovisuales podría generarse el cambio de manos de estaciones de TV y radio, además de la obligada venta de señales de la TV cable.

El caso de la venta del canal Chilevisión, tras la sorpresiva derrota del gobierno de la Concertación a manos del empresario liberal Sebastián Piñera, se convirtió poco menos que en una razón de Estado, desde el momento en que el nuevo mandatario se comprometió públicamente a desprenderse de sus participación en la aerolínea LAN, en la clínica Las Condes y en uno de los canales de televisión privada de mayor penetración en el país.

En los dos primeros casos, el traspaso de las empresas se produjo en tiempo y forma mientras que por Chilevisión, cuando la oposición comenzaba a impacientarse, en mayo pasado se anunció el acuerdo de venta al grupo inversor Linzor y todo hacia prever que el Presidente cumplía su promesa.

Con ello se avizoraba en el país trasandino un horizonte de buena convivencia parlamentaria entre oposición y oficialismo dejando saldada una cuestión clave.

Es que la relación entre ambas fuerzas políticas resulta fundamental ante la posibilidad de avanzar en la definición de la futura norma de la TV digital; la designación de un nuevo director en el canal estatal TVN junto con la integración del directorio más la integración del Consejo Nacional de Televisión, organismo con rango constitucional que regula la actividad del sector.

Sin embargo, toda esa tarea reorganizadora de la administración política y tecnológica de la televisión chilena quedó en suspenso cuando se hizo público que la operación había fracasado porque –según se dijo-los compradores de Chilevisión desistieron de su propuesta, volviendo así la cuestión a fojas cero.

¿Que pasó para que Linzor Capital Partners se echara atrás en su propuesta de desembolsar 130 millones de dólares para quedarse con la señal -que hoy disputa el segundo lugar en audiencias en el país-frente a propuestas similares o aún superadoras del Grupo Clarín de Argentina y de un tercer oferente que no se dio a conocer?

Al parecer la clave estuvo en una negociación fallida con la Universidad de Chile, propietaria primigenia de la licencia, para lograr una extensión del plazo más allá de 2018, cuando ésta expira.

El frustrado proceso de venta preocupó fuertemente a Piñera y su equipo político, porque revirtió los avances logrados en el control de la agenda pública tras el discurso del 21 de mayo y puso nuevamente en manos de la oposición el principal arma de ataque en su contra: los conflictos de interés no resueltos.

Las voces de desaprobación no se hicieron esperar: "Tenemos un Presidente que sigue dedicado a sus negocios y no a ejercer la Presidencia con plenitud. Lo encuentro delicado, así que espero que ese tema se solucione a la brevedad", disparó el senador demócrata cristiano Jorge Pizarro.

Por su parte la Concertación anunció una ofensiva fiscalizadora para indagar los detalles de la venta de la concesión de la señal realizada por la Universidad de Chile en 1993 y anticipó que enviaría oficios a la universidad, al Consejo Nacional de Televisión (CNTV) y a los ministerios de Educación y Telecomunicaciones.

Además anunció que pediría una reunión con el rector Víctor Pérez y analiza realizar una sesión especial de la Cámara de Diputados para ratificar la existencia de una cláusula firmada por la universidad en 1993, en la que se compromete a ceder la concesión por 25 años y a una renovación "automática".

No tardó el rector Pérez en salir al cruce de lo señalamientos opositores para aclarar que la institución "no ha participado ni ha sido informada" respecto del "proceso de cesión o venta de derechos entre los actuales titulares del usufructo e inversionistas", al aludir a la fallida venta a Linzor Capital Partners.

Y para completar la defensa de sus derechos, en la declaración del rector Pérez se señaló que “la Universidad de Chile considera "imprescindible" que la entidad "pueda tener cabida dentro de la futura operación de la televisión digital", que actualmente está siendo analizada en el Congreso.

Ahora, mientras la oposición arremete contra la promesa incumplida de Piñera y el mandatario asegura que en breve se desprenderá del exitoso canal de televisión, continuarán en lista de espera todos los temas vinculados con la TV que esperan debate y aprobación en el Congreso.

SE VA URIBE, LLEGA EL TERCER CANAL

Una nota crítica hacia la demorada creación de la tercera cadena de televisión de aire en Colombia ilustra sobre los avatares que rodearon la adjudicación prevista finalmente para el próximo 23 de julio, donde compiten la cadena venezolana Cisneros; y dos grupo españoles del negocio de medios: Planeta y Prisa.

El columnista de televisión Omar Rincón, en la edición del 21 de diciembre pasado de diario El Tiempo señalaba siete razones para que el canal por nacer fuera el más influyente de la política colombiana. Veamos:

“El tercer canal de televisión ha sido el más influyente en el 2009 en la política, el Gobierno y el empresariado colombianos. Y eso que no ha sido adjudicado. ¿Por qué? Porque en su adjudicación ha salido a florecer una lucha a muerte por el dinero y el control político.”

“El resultado es el proceso más poco transparente, triquiñuelo, ineficiente y antitécnico de la historia de Colombia.”

1. En todos los países adjudicar un canal es un asunto presidencial por su poder político y ser un negociazo. Y en Colombia el tercer canal se juega al ritmo y estilo del presidente Uribe.

2. El tercer canal debió ser adjudicado en el 2008 y comenzar a emitir el primero de enero del 2009. La ministra de Comunicaciones, la CNTV y los comisionados del Presidente diluyeron hasta que su adjudicación correspondió con la reelección. Así todos los medios, quietos en primera.

3. Una cosa dice la CNTV y otra el ahora Ministerio. Cada uno en su sinrazón y torciendo el proceso para sus propios intereses.

4. La CNTV, llena de gente que no sabe de TV ni la ve ni sabe de servicio público, decidió que el contenido significaba el 50 por ciento. Pues el contenido no se puede medir técnicamente y este factor solo sirve para decidir a dedo. La CNTV, antitécnicamente, quiere que el nuevo operador compita amarrado contra Caracol y RCN que sí pueden hacer lo que se les dé la gana. Una regla anticompetencia.

5. La CNTV pretende regular contenidos para el nuevo canal cuando no ha podido ni que Caracol y RCN cumplan con las franjas de programación.

6. Caracol y RCN, los otros grandes beneficiados además del Presidente, han convertido en nota diaria la asignación del canal y cada noche salen en RCN los directivos y abogados de Caracol y al revés. En lo demás, no se informa sobre lo que el otro patrocina. ¡El negocio por encima del país!

7. Todo podría haber sido tan simple: fijar frecuencia, hacer una subasta, invitar solo a los que estuviesen en los medios. ¡Pero haciendo las cosas simples y transparentes no se gana plata ni poder político!

Las cuestiones que han rodeado el tira y afloja entre los postulantes a la nueva licencia, la resistencia de los que ya están (Caracol y RCN) y las cruciales elecciones presidenciales en vísperas de definición por estos días, fueron los principales obstáculos para que naciera el tercer canal en Colombia.

Resta decir que el periodista Rincón pasó por alto un dato no menor: entre los interesados se cuenta el propio diario El Tiempo que, allá por 2008 pasó a propiedad del Grupo Planeta, comprador a su vez de las acciones que alguna vez tuvo Juan Manuel Santos, el probable sucesor de Uribe.

El actual ministro de defensa, ganador por más de 25 puntos sobre Antanas Mockus en primera vuelta, si confirma en el balotaje las preferencias del electorado, deberá convivir con la nueva señal colombiana que, según analistas y expertos, encuentra en Grupo Planeta con inversiones en medios en 25 países a uno de los mejor posicionados para adjudicarse la concesión.

ARGENTINA: TV DIGITAL DEL ESTADO Y NUEVA LEY DE MEDIOS

En vísperas del campeonato Mundial de Fútbol de Sudáfrica el gobierno argentino comenzó la entrega gratuita de un millón de decodificadores a hogares de bajos recursos, para que pudieran captar las nuevas señales digitales que el Estado pondrá gradualmente en marcha hasta alcanzar los veinte canales.

El avance de la televisión del Estado en el menú de opciones para los telespectadores argentinos también podría ofrecer un nuevo escenario en el servicio privado, cuando el Poder Judicial dictamine sobre los alcances de la ley de medios audiovisuales aprobada en el Congreso en octubre de 2009.

A la veintena de canales de noticias, entretenimientos, documentales y cine del estado, podrían sumarse nuevos concesionarios si la Corte Suprema de Argentina entiende que no hay limitaciones para imponer el articulo 161 que exige a las empresas de medios desprenderse en un año de todas las licencias que superan una cifra máxima de un canal de TV abierta y otro de cable por ciudad, a partir de la cual se considera que existe concentración mediática.

De prosperar esa norma, sobre la cuales existen impugnaciones por derechos adquiridos particularmente del Grupo Clarín que, además fusionó las dos cadenas de televisión por cable más importantes de Argentina, 2011 podría configurar un escenario de campaña electoral con negociaciones por adquirir las licencias que obligatoriamente deberían cambiar de dueños.

Con el reciente fallo del más alto tribunal del país que rechazó por unanimidad la medida cautelar planteada por un diputado, en el Gobierno son optimistas y ya anunciaron la reglamentación de la ley suspendida por varios jueces, a casi un año de su aprobación, para iniciar el proceso de desinversión y adjudicación de las licencias a nuevas sociedades.